Pienso en la ciudadanía (No digo “pueblo” o “nación” para eludir la confusión que ha desatado el oficialismo frente a las movilizaciones habidas); es decir, refiero a las personas que suponen vivir en un Estado de Derecho, que pueden ejercer las actividades que la ley les garantiza. Señalo al ciudadano común que aspira a convivir con otros al amparo de una PAZ SOCIAL garantizada por la vigencia efectiva de normas, que se respetan voluntaria o coactivamente porque así lo han decidido y comprometido al constituir el Estado.
Sin embargo, hoy ese ciudadano vive sorprendido por la acción de grupos que organizadamente agreden “y destruyen” esa estructura protectora ante la inactividad de los que deberían cuidarla. Inactividad que promueve la corrupción, las divisiones inexplicables en policías federales, provinciales, prefectos, gendarmes, soldados, espías etc. Cada una con atribuciones y competencia cuyos límites y funciones hoy están desdibujadas por la ineptitud de las autoridades específicas.
Allá en el sur de nuestro país, grupos armados tomaron territorio argentino y pretenden organizar un Estado mapuche independiente, corren a pedradas (por ahora) a la gobernadora, toman rehenes y tierras en razón de “derechos ancestrales”.
¿Quién cuida las fronteras?, no lo sabemos porque Gendarmería busca “cuevas” de dólares negros en Buenos Aires, mientras la agresión al territorio argentino sufre tarascones de grupos violentos y armados provenientes de una organización extranjera. ¿Y las FFAA, qué hipótesis de conflictos tienen?
A los ciudadanos se les prohíbe defenderse y los policías (buenos) van presos si hacen algo, tampoco pueden usar armas menos letales que las 9mm.
Las fronteras son absolutamente permeables y los narcos, además de mostrar su poderío económico y criminal sin tapujos, son los únicos que ofrecen trabajo bien rentado y también balean bebés, niños y personas mayores para imponer y mantener los límites de sus feudos.
Los incendios que ardieron medio país responden a planes macabros a mediano plazo; incluso Máximo ya pretende convertir en ley la inmovilización territorial por más de treinta años, arrinconando a los ya castigados dueños para quienes la única salida es entregarse sin más.
Un poco más acá tenemos las innumerables tomas de terrenos que contrarían la ley expresa, contando con la dispensa eclesiástica retransmitidas luego por el presunto “arcángel” Juan Grabois. Todos miran a los costados para ignorar que incitar públicamente a la violación de la ley ¡¡¡también es delito!!!
Los datos de la Salud Pública que proporciona Argentina a la organización mundial específica, fueron descartados por ser notoriamente inservibles (¿equívoco, mala praxis o. simplemente, macaneo a propósito?).
Entonces pensamos que empobrecidos, enfermos, sin moneda ni protección terrenal o divina; conducidos por un grupo que principalmente aspira a la impunidad costosísima de un equipo al que le sobra comodidad, tiempo y dólares; tenemos muy mal pronóstico frente a lo dispuesto por la impenetrable oligarquía política, sindical y empresaria.
Cualquier solución hoy es tardía, dificilísima y también dolorosa. ¿Se imaginan dentro de tres años?.
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