En 2012 publiqué un artículo con motivo de un fallo de la Corte Suprema que dispuso que en ese caso particular el delito de aborto no era punible. Era delito, pero se excusaba la pena.
Ahora, repentinamente y claro oportunismo político, el PE ha enviado el proyecto sobre el denominado “aborto legal”. Es decir que abortar sea lícito, voluntario y gratuito; ello me permite volver sobre el espinoso tema.
Las opiniones que duramente confrontan identificándose con banderas, pañuelos o pulseras de colores, son intransigentes y hasta violentas en casos. Cada una se vale de fundamentos religiosos, morales, políticos o jurídicos. Generalmente unos se contestan con otros de distinta clase, toda vez que es necesario eludir la cuestión concreta para facilitar la discusión; sea por si o por no. El aborto pasa a segundo plano después del espectáculo de la pelea.
Señalo que en el presente no refiero a un caso específicamente; al contrario, lo descarto. Es decir, excluyo el aborto de condición “no punible” (Violaciones, abusos etc.); tampoco refiero al aborto terapéutico (cuando peligra la madre) o al eugenésico (debilidad o malformación del feto) etc. En fin, eludo incluir acá cualquier caso particular o que permita calificación capaz de inducir algún argumento extraño que exceda al hecho mismo y único del aborto.
Aquí pretendo traer a la consideración el aborto más clásico, antiguo y común, aquel que se induce o provoca voluntariamente por así desearlo o consentirlo la madre; ese aborto que es tenido en mira por quienes reclaman la legalización, que puede llevarse a cabo sin límite, ni reproche legal, moral o social.
Ahora bien: ¿Qué entendemos por abortar? Esto es necesario dilucidar para no dudar que hablamos de lo mismo, de la coincidencia en el punto de partida: abortar, a los efectos del presente, lo comprendo como “la interrupción de un proceso vital iniciado en la concepción o, más simplemente, como la interrupción del embarazo”. Considero más ajustado el primer concepto.
El aborto es reclamado como patrimonio de posiciones políticas opuestas; tanto la “derecha” como la “izquierda” pretenden derechos de autor respecto a la legalización del aborto, sea porque conviene al denominado “control de natalidad” según la primera o a motivos de “liberación femenina” la segunda, aún cuando la cuestión no deja de ser una piedra en el zapato para ambas. Incluso ventilar la cuestión frente al rubro de los “Derechos Humanos”, no resulta para nada pacífica en el universo “progre”, ya que podrían referirse tanto a los de la madre, como a los del hijo.
Ahora bien, cualquiera sea la forma de exteriorizar sus anhelos, con mayor o menor precaución o pudor, tanto los abortistas como los antiabortistas no ignoran que sus propuestas cargan ineludiblemente un costo grave. Un costo que deberá afrontar la madre o el hijo. Ninguna solución es gratis, indiferente o sin víctima.
No interrumpir el proceso vital indeseado, es obligar a perpetuidad a la mujer contra su voluntad; interrumpirlo, es la rápida e irreversible condena del hijo.
Mi propósito no es bregar por una u otra posibilidad, sino tan sólo ahuyentar toda especie de frivolidad para encarar la disyuntiva y los triunfalismos de todas las formas. Ni la madre eligió ser mujer con todos sus impulsos inherentes, ni el hijo estar allí. Acá inexorablemente alguno pierde sin ser culpable.
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